Se reforma la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado
Mexicali, B. C., miércoles 5 de junio de 2013.- La Vigésima Legislatura de Baja California aprobó durante la pasada sesión ordinaria, una iniciativa de ley donde se obliga a la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESP) de cada municipio, para que pague la reparación o sustitución de los aparatos de medición de agua potable, instalados en los hogares de la entidad.
La inicialista de esta reforma, Diputada Virginia Noriega Ríos, señaló que actualmente el artículo 68 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado, establece que el costo de los daños causados a un aparato medidor por alteración o cualquier otra causa, serán pagados por el propietario o poseedor del inmueble donde esté instalado.
La Legisladora calificó lo anterior de una injusticia, ya que los medidores —dijo— son propiedad de las paraestatales y se encuentran ubicados en su gran mayoría en las banquetas frente a los domicilios de los usuarios del servicio de agua potable, los cuales son vandalizados o robados por delincuentes, y no por los usuarios.
Refirió que ante el incremento de los índices de inseguridad en Baja California, las mismas comisiones de servicios públicos que operan en todos los municipios, han sufrido la destrucción o el robo constante de equipamiento útil para la operación de los servicios que presta, como son las alcantarillas, tuberías, motores y objetos de metal.
En ese sentido, Noriega Ríos puntualizó que es un abuso que la Comisión Estatal de Servicios Públicos exija a los usuarios de agua potable que cubran el costo de los medidores robados o dañados, cuando éstos no poseen culpa alguna o no son responsables.
Con las modificaciones realizadas, el artículo 68 quedará como sigue:
“El monto de los daños causados a un aparato medidor, por alteración o cualquier otra causa, se determinará atendiendo al costo real de reparación o sustitución, mismo que será a cargo del organismo encargado del servicio; a excepción en el caso de que se compruebe que el propietario o poseedor del inmueble en que se encontraba instalado haya sido el responsable de los daños causados”.
La reforma aprobada por el Congreso local será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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