OTORGAR CONDONACIONES A USUARIOS DE CESP
- Por crisis económica, miles de familias no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales
Mexicali, B.C., lunes 9 de diciembre de 2013.- El acceso al servicio de agua potable, tiene un fuerte impacto no sólo en las necesidades básicas de las familias, sino también en las condiciones sanitarias y de salud de todos los integrantes, además de ser un derecho vital para la supervivencia.
Esto fue expresado por la Diputada Nereida Fuentes González, al presentar un punto de acuerdo ante el pleno por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, Francisco Vega de la Madrid, para que conforme a sus atribuciones emita un decreto administrativo para que otorgue condonaciones a los usuarios de las comisiones estatales de servicios públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.
De la misma forma, los adeudos por concepto de derechos de obra, de conexión y/o consumos de agua referidos en el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda a cada periodo, así como el 100 por ciento de los recargos por conceptos de multas generados por la falta de entero oportuno de dichas contribuciones.
Mencionó al presentar el documento a nombre de las fracciones del PRI, PVEM, PT Y PES, que según los resultados de la medición de la pobreza para Baja California 2012, presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población subsiste con ingresos menores a la línea de bienestar en un millón doscientos noventa y ocho mil personas, lo que demuestra sin lugar a dudas que es real y crítica la situación de pobreza en la entidad.
Es por ello que consideró como premisa de todo Gobierno democrático y representativo, servir a los ciudadanos y asegurar mediante la gestión pública que todas las acciones, programas, servicios e inversiones que promueva estén sustentados en términos de su beneficio.
Para finalizar expresó que actualmente se presentan elementos económicos negativos que influyen directamente en la actividad económica y el bienestar social de la población en los municipios de Baja California y es a partir del año 2010, cuando se advierte una creciente preocupación de miles de familias que a consecuencia de la crisis económica, no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales.