APRUEBAN LEY DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO

·         La Comisión de Gobernación avaló también minuta enviada por el Senado, en materia de disciplina financiera de los Estados y Municipios

·         Se establece ruta crítica de aproximadamente 4 meses de duración, para resolver la controversia territorial entre Playas de Rosarito y Ensenada

Mexicali, B. C., miércoles 15 de abril de 2015.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLyPC) del Congreso local, que preside el diputado Roberto Dávalos Flores, aprobó de manera unánime en lo general la creación de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con lo cual se abrogaría la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia de Baja California, vigente desde el 4 de julio de 2008.

           

En dicha ley creada se reconocen a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que propone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, tiene por objetivo establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, el Gobierno del Estado y sus Municipios, así como promover la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de esos derechos, para prevenir su vulneración.

Los inicialistas son el diputado René Adrián Mendívil Acosta, a nombre y representación de los grupos parlamentarios del PRI, PT, PVEM y PES, así como el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Lamadrid.

Por otro lado, la CGLyPC avaló también una minuta enviada por el Senado de la República que contiene reformas a la Constitución nacional en materia de disciplina financiera, por las cuales, entre otras cosas, se crea un mecanismo de control destinado a garantizar que la deuda contratada por los Estados y Municipios se haga con orden y disciplina.

            Dichas modificaciones legales a la Carta Magna federal obligan a la inscripción y publicación de los empréstitos y obligaciones de pago dentro de un registro público único, creado para tal efecto;  además de crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública, con la finalidad de que los ciudadanos puedan conocer el monto de lo que se contrata, el acreedor, la tasa de interés, el plazo para el pago y la garantía o fuente de pago.

            En la misma sesión de trabajo de este órgano colegiado de la XXI Legislatura, se propuso el establecimiento de una ruta crítica para resolver el problema territorial entre los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, en un tiempo aproximado de 4 meses a partir de la presentación de una controversia presentada por alguno de los ayuntamientos afectados. Allí mismo, la secretaría jurídica del Congreso hizo el siguiente señalamiento:

“Es oportuno señalar que no existe en el país un procedimiento específico para resolver estos conflictos. Sin embargo, si hay directrices generales que deben integrarse en un procedimiento que si bien no es jurisdiccional, si contiene elementos que deben respetar las garantías  constitucionales de audiencia y legalidad, consecuentemente si abre un procedimientos  jurisdiccional”.

Durante la reunión de trabajo de la CGLyPC, realizada en la sala “Dr. Francisco Dueñas Montes”, estuvieron presentes los diputados Roberto Dávalos Flores, presidente; Cuauhtémoc Cardona Benavides, quien fungió como secretario, y los vocales René Mendivil Acosta, Miriam Ayón Castro y Felipe de Jesús Mayoral Mayoral. Además se contó con la presencia de los legisladores Gustavo Sánchez Vásquez, Laura Torres Ramírez, Francisco Barraza Chiquete y Julio César Vázquez Castillo.