Antes del 31 de marzo de cada año, deberán someterse a un estudio de detección de sustancias prohibidas
Mexicali, B. C., miércoles 28 de agosto de 2013.- El Pleno del Congreso local aprobó de manera unánime reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con el fin de regular el procedimiento para el examen de detección en el uso de sustancias prohibidas en los funcionarios gubernamentales de primer nivel.
Lo anterior, se dio en el marco de la pasada sesión ordinaria, la cual fue conducida por el presidente de la Mesa Directiva de la Vigésima Legislatura, Diputado Gregorio Carranza Hernández.
El proponente fue el Legislador Víctor Navarro Gutiérrez, quien en su exposición de motivos afirmó que la iniciativa abonaría para que la sociedad tenga representantes populares y servidores públicos, que trabajen con todas sus capacidades mentales por el bien común.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado refirió que los servidores públicos de primer nivel de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de los Ayuntamientos y Órganos Autónomos, deberán hacerse un estudio de detección de uso de drogas ilícitas antes del 31 de marzo de cada año.
Los funcionarios del Poder Ejecutivo que deberán hacerse el examen según estas reformas, serán el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y los titulares de las dependencias a que se refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Dentro del Poder Judicial, tendrán que hacerlo los Magistrados, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces y los titulares de las Unidades Administrativas; y en el Poder Legislativo, los diputados y los directores de los órganos de apoyo parlamentario y administrativo.
Asimismo, los Presidentes Municipales, los Síndicos y Regidores, así como los integrantes de los Consejos Municipales y los titulares de las dependencias municipales y paramunicipales.
Queda establecido también en estas modificaciones legales aprobadas, que se considerará como una falta grave el incumplimiento en la realización de dicho examen antidoping.
Por último, Navarro Gutiérrez explicó que esta iniciativa adecuaba las leyes secundarias, lo cual quedó establecido en uno de los transitorios del decreto 106 publicado el pasado 7 de octubre de 2011, y que conciernen a las reformas constitucionales en materia de reformas políticas.
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