Tecate, B.C.- Como un intento fallido por desprestigiarla, calificó la abogada y regidora Marina Calderón Guillén, una presunta denuncia en su contra que se hizo pública a través de varios medios de comunicación.
Y es que la están señalando de peculado, fraude procesal, peculado impropio, abuso de confianza, abuso de confianza equiparada, daños a propiedad ajena, falsedad ante la autoridad, delitos cometidos contra la administración de justicia y lo que resulte, por el propietario de la desparecida empresa Incablock de México S.R.L. de C.V., Daniel David Correa Benitez, a través de su apoderado legal Andrés Alejandro Dueñas Castillo, quien utilizó lo que los abogados llaman “mediatizar” el caso.
Se trata de un caso iniciado en el año de 2008, en el que Marina Calderón y su despacho representó al trabajador de esa compañía Marco Antonio Rodríguez Cuellar, por lo que se hicieron los procedimientos legales correspondientes y fue la autoridad laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje No. 5, luego de revisar el expediente 246/2008-5, quien determino en 2009 fallar a a favor del empleado, asignando una indemnización de 12 mil 500 pesos, los que no fueron pagados en tiempo y forma, por lo que el proceso continúo, sumándose 200 pesos diarios por mora.
Para el 2011, la cantidad ascendió, por lo que se procede al embargo de bienes, nombrando a un depositario en Tijuana, a donde fueron llevadas las cosas, que se trató de maquinas que no estaban en funcionamiento, aún así el valuador llevado por la autoridad determinó al final que valían 233 mil pesos, por lo que al no responder a dicha demanda, se procedió a asignar y facturar a nombre del trabajador, los bienes.
La empresa, que se ubicaba en ese entonces en Valle de las Palmas y que al momento del embargo estaba en desuso, es propiedad del peruano Daniel David Correa, quien para el caso utilizó a más de 12 abogados distintos, ninguno pudo inclinar el caso a su favor, ya que la razón asistía al empleado demandante, a quien en un inicio le debieron pagar solamente alrededor de 12 mil pesos, cosa que al no hacerse, la cantidad ascendió.
La regidora Marina Calderón muestra y pone a disposición de quien así lo desee, el expediente que consta de 217 hojas, donde está la demanda inicial, la contestación, citatorios, apelaciones, carta constitutiva de la empresa, actuaciones, declaraciones, comparecencias, todo lo que normalmente se lleva a cabo en un juicio y cuyo procedimiento puede ser revisado por abogados, para determinar que en ningún momento se actúo, como lo declara Andrés Alejandro Dueñas Castillo, en la nota periodística.
La abogada Calderón, dijo que tomará la medidas pertinentes y legales en este caso, pues no permitirá que sea manchada su imagen y mucho menos cuando las pruebas están a la mano y son muy claras.
Y es que la están señalando de peculado, fraude procesal, peculado impropio, abuso de confianza, abuso de confianza equiparada, daños a propiedad ajena, falsedad ante la autoridad, delitos cometidos contra la administración de justicia y lo que resulte, por el propietario de la desparecida empresa Incablock de México S.R.L. de C.V., Daniel David Correa Benitez, a través de su apoderado legal Andrés Alejandro Dueñas Castillo, quien utilizó lo que los abogados llaman “mediatizar” el caso.
Se trata de un caso iniciado en el año de 2008, en el que Marina Calderón y su despacho representó al trabajador de esa compañía Marco Antonio Rodríguez Cuellar, por lo que se hicieron los procedimientos legales correspondientes y fue la autoridad laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje No. 5, luego de revisar el expediente 246/2008-5, quien determino en 2009 fallar a a favor del empleado, asignando una indemnización de 12 mil 500 pesos, los que no fueron pagados en tiempo y forma, por lo que el proceso continúo, sumándose 200 pesos diarios por mora.
Para el 2011, la cantidad ascendió, por lo que se procede al embargo de bienes, nombrando a un depositario en Tijuana, a donde fueron llevadas las cosas, que se trató de maquinas que no estaban en funcionamiento, aún así el valuador llevado por la autoridad determinó al final que valían 233 mil pesos, por lo que al no responder a dicha demanda, se procedió a asignar y facturar a nombre del trabajador, los bienes.
La empresa, que se ubicaba en ese entonces en Valle de las Palmas y que al momento del embargo estaba en desuso, es propiedad del peruano Daniel David Correa, quien para el caso utilizó a más de 12 abogados distintos, ninguno pudo inclinar el caso a su favor, ya que la razón asistía al empleado demandante, a quien en un inicio le debieron pagar solamente alrededor de 12 mil pesos, cosa que al no hacerse, la cantidad ascendió.
La regidora Marina Calderón muestra y pone a disposición de quien así lo desee, el expediente que consta de 217 hojas, donde está la demanda inicial, la contestación, citatorios, apelaciones, carta constitutiva de la empresa, actuaciones, declaraciones, comparecencias, todo lo que normalmente se lleva a cabo en un juicio y cuyo procedimiento puede ser revisado por abogados, para determinar que en ningún momento se actúo, como lo declara Andrés Alejandro Dueñas Castillo, en la nota periodística.
La abogada Calderón, dijo que tomará la medidas pertinentes y legales en este caso, pues no permitirá que sea manchada su imagen y mucho menos cuando las pruebas están a la mano y son muy claras.
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