**La Policía Estatal Preventiva está sujeta a investigación por este delito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la PGJE
**Cometen abusos a bordo de vehículos oficiales, también utilizan vehículos sin identificación y vestidos de civiles
Tijuana.-Debido a varios casos de tortura denunciados por ciudadanos de Baja California de elementos de la Policía Estatal Preventiva, corporación que ya está sujeta a investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE, el diputado Roberto Dávalos Flores, elaboró un punto de acuerdo en la materia.
En este punto de acuerdo exhorta al Gobernador del Estado, a la PGJE y a la Secretaría de Seguridad pública, para que se implementen medidas para la capacitación, prevención y Sanción de los casos de tortura en contra de ciudadanos de la entidad por los cuerpos policiacos.
“No solo existen quejas de ciudadanos sino denuncias directas de que personas que pertenecen a esta corporación (PEP), además de cometer abusos a bordo de vehículos oficiales, también utilizan vehículos sin identificación y vestidos de civiles”, subrayó Dávalos Flores.
En el punto de acuerdo expone por lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se tiene conocimiento de que existen investigaciones en contra de los Agentes Policiacos mencionados, en la que no se dan soluciones a las investigaciones iniciadas, lo que es una grave omisión en contra de los ciudadanos agraviados.
Informó que recientemente fue invitada la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, para capacitar gratuitamente al personal en materia de prevención y sanción de la tortura, sin embargo esta invitación fue rechazada sin excusa alguna que justificara la no participación del personal que labora en ella.
El legislador del PRD, dijo que debido al gran índice delictivo que impera en la entidad, es de gran importancia el tener confianza en los cuerpos policiacos, porque la ciudadanía “lejos de sentirse protegida por ellos, siente temor ante su presencia en la vía pública y eso lo arrojan datos documentados, sobre diversas quejas en contra delos agentes de la PEP”.
En la exposición de motivos cita a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya entró en vigor en México desde Marzo de 1981, en donde el Estado Mexicano se compromete en el apartado del Artículo V a que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En el exhorto llama a que el Ejecutivo Estatal, se responsabilice e implemente las medidas necesarias para que las dependencias públicas a su cargo, encargadas de los cuerpos policiacos, cuenten con órganos de control eficaces para el seguimiento de las quejas ciudadanas, asimismo para la investigación de las denuncias presentadas.
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