* El diputado Luis Moreno propuso crear una Comisión Especial para investigar este tipo de acciones contra comunicadores de parte de colaboradores del Gobernador; así como separar del cargo y fincar responsabilidades legales a responsables.
Durante su participación en tribuna del Congreso del Estado, el diputado Luis Moreno Hernández presentó un posicionamiento a nombre del Partido Encuentro Social (PES) para manifestar su solidaridad con comunicadores que han denunciado que serían víctimas de una campaña de desprestigio.
Ante el pleno de la XXII Legislatura de Baja California, refirió que, en días pasados, el periodismo estatal "se estremeció con la noticia que apareció en algunos medios de comunicación que daban cuenta de una inminente campaña de desprestigio en contra de reconocidas periodistas".
Tal situación, expuso, deja en evidencia que en la entidad "la libertad de expresión no es un derecho respetado, sino que la autoridad, al verse exhibida por medios alternativos y críticos, eligen la peor de las opciones en una democracia libre y participativa".
Refirió que se trata de campañas negras que se instrumentan a través de portales y redes sociales "para tratar de manchar la honorabilidad y prestigio de periodistas como Adela Navarro Bello, directora del Semanario Zeta; y Dora Elena Cortes, directora de Agencia Fronteriza de Noticias; dos personas que no sólo han puesto en alto el ejercicio del periodismo en nuestra región, sino que además han fortalecido el reconocimiento a la justa participación de la mujer en los asuntos de la vida pública".
Moreno agregó que, como según han difundido algunos otros periodistas, el hecho de que el gobierno estatal pretenda atacar la vida privada de ambas comunicadoras, "no sólo es un brutal atentado a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo objetivo, sino que además trata de coartar el derecho que tenemos los bajacalifornianos de estar debida y suficientemente informados sobre las acciones del gobierno y sus consecuencias económicas, políticas y sociales para la población. Consecuencias que según vemos, por los distintos niveles de gobierno tienen a la población sumergida en el hartazgo y la incredulidad".
Refirió que ayer, por parte del Gobierno del Estado se publicó un desplegado donde se deslinda de las denuncias, pero que a su juicio, "la respuesta a los señalamientos fue vaga, poco comprometida y no asume un liderazgo activo que plantee siquiera una investigación formal para deslindar responsabilidades".
"El negar sólo por negar, cuando se trata de revertir acusaciones, lo único que hace es tratar de exhibir como mentirosas a las personas que con derecho reclaman justicia. Por el contrario, en el ambiente político y periodístico de nuestro Estado, es bien sabido que es lacerada de manera sistemática la libertad de expresión", afirmó.
Moreno Hernández hizo referencia a la política pública de comunicación social del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la cual, "como es sabido, es el condicionar el presupuesto de la publicidad institucional a los contenidos en medios de comunicación. A lo largo de tres años, parece que esta área de la administración, Vega se ha empeñado a contratar publicidad a cambio de actitudes acríticas hacia el desempeño de la administración estatal".
La ley mordaza
El legislador expuso que, lo más grave de estas acciones, es que se presume que aplica el veto a periodistas incómodos que prestaban sus servicios en empresas mediáticas, sobre todo las radiofónicas, y por lo anterior y por lo que se ve, el Gobierno opta por instrumentar la llamada "Ley Mordaza".
"Yo me pregunto. ¿Qué no se supone que Baja California ha sido cuna de cambios para el bien de la democracia en México?. Aquí se vivió el primer gobierno de alternancia. Aquí se efectuaron reformas electorales que luego fueron replicadas a nivel nacional. Entonces ¿quién es el culpable de estos retrocesos que nos recuerdan al México retrógrada donde la represión es el mecanismo ideal para la perpetuación en el poder?", señaló.
Aludió a casos ocurridos a nivel regional y nacional, donde se demuestra que ser periodista en tiempos de violencia no es cosa fácil, "Y menos en estados como este donde el crimen organizado se pasea a sus anchas como dueños de la casa. En estas condiciones se presenta este atentado al prestigio y la credibilidad de ambas comunicadoras y a los medios que dirigen".
Este ataque planeado, dijo, que ha trascendido proviene de colaboradores del Gobernador del Estado, además de significar un golpe al ejercicio de la libertad, también pone en riesgo la integridad de Adela Navarro y Dora Elena Cortes, por ello el PES celebra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su Quinta Visitaduría, ya haya tomado cartas en el asunto a través del Mecanismo a Protección a Periodistas".
Separar del cargo a responsables y crear Comisión Especial
"A nombre propio y del Partido Encuentro Social, exigimos una respuesta urgente de la autoridad estatal y que no sólo deslinde responsabilidades, sino que inmediatamente separe de su cargo a las personas que han sido señaladas de ser los artífices de esta campaña negra y abra una investigación respecto con resultados prontos y que satisfagan a las partes afectadas", refirió.
De comprobarse esta situación, agregó, se comprenderá también de dónde surgieron las "campañas negras" en la contienda electoral "que atentaron contra nuestros candidatos y de otros partidos, tratando dolosamente con ello de manipular la percepción de los electores".
A nombre del PES, manifestó su solidaridad a ambas periodistas, y al mismo tiempo reiteró la más enérgica condena a todo intento de censura periodística.
Por lo anterior, propuso que el pleno cree una Comisión Especial conformada por diputados, periodistas, colegios de contadores, auditores externos y del propio Órgano de Fiscalización Superior del Estado, "para que se investigue a cabalidad el manejo presupuestal que ejerce la Dirección de Comunicación Social y sus direcciones tales como la de Imagen y Publicidad, y así confirmar lo que muchos de nosotros hemos recogido del gremio periodístico, que los dineros públicos se usan para intimidar, coaccionar o difamar a funcionarios, adversarios políticos y periodistas".
"Desde luego, será un ejercicio para provocar las causas penales en dado caso, y presentar los resultados ante la opinión pública y la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, sancionar a quien fuera de la Ley haya actuado, e incluso permitido u ordenado. Esto, compañeros diputados, inquietará a funcionarios de lo más alto del gabinete estatal pero no por ello debemos de insistir, para el bien de nuestro Estado, la plena transparencia de los recursos, que ahora nos dicen, son escasos", concluyó Moreno Hernández.
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