Ante violaciones a universitarias
Ciudad de México
Ante la denuncia y el exhorto a romper el silencio de tres estudiantes universitarias mexicanas que fueron agredidas sexualmente en sus planteles universitarios, la vicecoordinadora de proceso legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández, manifestó como urgente, que todas las universidades y centros de investigación en México establezcan protocolos contra la violencia de género a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
“Está documentado en medios masivos de comunicación, el caso de tres jóvenes que recientemente pretendieron que se les hiciera justicia, ante la violencia sexual a la que fueron expuestas en sus universidades sin lograr resultados contundentes, en primera instancia por parte de las autoridades educativas, esto es inaceptable y vamos a luchar por cambiarlo” dijo.
Talavera Hernández recordó que de acuerdo a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), en 2014 hubieron 625 mil 070 personas de entre 12 y 29 años de edad que fueron víctimas de agresión sexual – 460 mil 904 de acoso y 164 mil 166 de violación.
Sin embargo, dijo, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP), abrió en total, sólo 32 mil 148 averiguaciones previas para delitos sexuales ese año.
La legisladora federal indicó que de acuerdo con el artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal, se considera responsable de acoso sexual a quien solicite favores sexuales o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe.
En ese sentido, argumentó, las Universidades Públicas y Privadas a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) serán exhortadas a través de la Cámara Baja de la Nación, para que instauren y promuevan por ley, protocolos de violencia de género que les den herramientas a mujeres y hombres para defenderse ante la comisión de un delito.
“#NoEsNo y #NoTeCayes son la base para hacer justicia, dos hashtags que han sido promovidos por mujeres víctimas de acoso sexual en universidades privadas y públicas de México y que no han encontrado ni el apoyo, ni la justicia tanto de los centros educativos a los que pertenecen, como del estado” señaló la diputada federal.
Es inaceptable, dijo, que una persona en México puede atacar sexualmente a otra prácticamente con la seguridad de que no habrá consecuencias ya que de cada 100 agresiones que se perpetran, solamente seis llegan a ser denunciadas por las víctimas y de esas ni la mitad terminan consignadas por las procuradurías.
Señaló que medios de comunicación consignan que un diagnóstico evidencia fallas estructurales en el combate a este delito en el país, en donde el seguimiento de las víctimas es deficiente, los delitos en cada estado no están homologados y se consignan menos de la mitad de los casos.
Talavera Hernández explicó que según proyecciones realizadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV) a partir de las encuestas de victimización del INEGI, de 2010 a 2015 se habrían cometido más de dos millones 900 mil ataques sexuales en el país, pero el 94 por ciento ni siquiera fueron denunciados.
La vicecoordinadora de proceso legislativo denunció que en México, los delitos sexuales no se miden de la misma manera, ya que no existe una ley homologada o general para este tipo de ilícitos, por lo que cada estado define a su criterio en su código penal, que sanciones se aplican e incluso, si algún tipo de agresión se castiga o no.
Hay estados como Baja California, Campeche, Durango y Sonora, explicó, que dejan de castigar el estupro (relación sexual con un menor) si el agresor contrae matrimonio con la víctima, lo que los especialistas consideran que “legaliza la prolongación de la lesión al bien jurídico (la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual) que debía tutelar el tipo penal.
Puntualizó que los datos, las denuncias y las campañas emprendidas de manera aislada por mujeres valientes contra la violencia de género en las Universidades Públicas y Privadas de México, deberán de traducirse en un esfuerzo conjunto de las y los diputados de las diversas fracciones parlamentarias, para coadyuvar a que un protocolo universal contra estas agresiones, le de seguridad a mujeres y hombres en sus centros educativos.
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